Chávez intimida y censura a opositores que lo critican, según informe de HRW

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este martes que la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de contrapesos le ha permitido al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez intimidar y procesar judicialmente a quienes se le oponen.

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este martes que la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de contrapesos le ha permitido al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez intimidar y procesar judicialmente a quienes se le oponen.

“La acumulación del poder en el Ejecutivo, la eliminación de garantías institucionales y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a los venezolanos que critican al presidente”, indicó HRW en un nuevo informe.

Este reporte actualiza el anterior hecho por la organización estadounidense en 2008, en el que ya denunció un “debilitamiento del sistema democrático”.

Desde ese momento, “la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha tornado aún más precaria”, afirmó este martes en su informe, titulado “Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”.

En Venezuela existe “una maquinaria y una legislación (que ha ido) redefiniendo instituciones con el propósito de finalmente tenerlas al servicio del gobierno actual” para “convalidar” sus políticas, afirmó en rueda de prensa el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

El caso más sobresaliente es el de la Corte Suprema de Justicia, que “no solo tiene una composición progobierno sino que en sus sentencias ha mostrado total parcialidad”, afirmó Vivanco.

Chávez ha tomado “medidas drásticas” para “conservar su control político” sobre el Poder Judicial, agregó el informe.

Este panorama genera “enormes desafíos y obstáculos” para la oposición de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que el presidente Chávez busca ser reelecto, dijo Vivanco.

El directivo de HRW estimó que un antecedente del modelo instaurado en Venezuela podría ser el Perú de Alberto Fujimori (1990-2000), que contaba con una “fachada” de legalidad pero usaba a los poderes públicos para “sus propósitos políticos”.

Este informe no pudo ser presentado en Venezuela ya que HRW temía que una visita a ese país pudiera “acrecentar el hostigamiento” contra grupos de derechos humanos locales, dijo Vivanco.

Vivanco fue expulsado en 2008 de Venezuela, luego de presentar en Caracas un reporte crítico, bajo acusación del gobierno de Chávez de inmiscuirse en asuntos internos.

El gobierno venezolano rechaza sistemáticamente los informes de HRW.

En su nuevo informe, HRW enumeró casos como el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), las investigaciones y millonarias multas contra el canal Globovisión, también privado, y la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, presa desde 2009 por otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.

Asimismo, la organización denunció la condena a prisión del líder opositor Oswaldo Alvarez Paz por difusión de información falsa luego de denunciar operaciones de narcotráfico y los procesos contra directivos del semanario Sexto Poder por un fotomontaje que mostraba a varias funcionarias como cabareteras.

“Estos casos de alto perfil (…) han tenido un impacto” y “han enviado un mensaje claro: el presidente y sus seguidores están dispuestos (y cuentan con poderes para hacerlo) a castigar a quienes desafían y obstruyen sus objetivos políticos”, señaló HRW.

La libertad de expresión ha quedado “debilitada”, en momentos en que el gobierno aumenta los medios oficialistas y “reduce” los que tienen una programación crítica, mientras la Asamblea Nacional ha elaborado leyes para restringir a la prensa.

“El temor a sufrir represalias por parte del gobierno ha llevado a que la autocensura (en los medios) se convierta en un serio problema en el país”, indicó el informe.

HRW criticó también los intentos del gobierno de Chávez por “desacreditar” a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a quienes el Congreso les prohibió recibir financiamiento internacional, así como su deseo de retirar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El objetivo del informe de HRW es incidir en la opinión pública venezolana y la comunidad internacional para que presionen porque la situación sea revertida, agregó Vivanco.

Fuente: MSN Noticias

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